Cristina Kirchner aceptó suavizar la polémica ley de abastecimiento denostada por empresarios e industriales, tras una gestión del senador oficialista Rodolfo Urtubey, hermano de Rodolfo, el gobernador de Salta, pero también de José, vicepresidente de la UIA y principal crítico de la iniciativa. 

“Con esto logramos un proyecto más garantista. No sé si lo aceptará la UIA, porque ellos tienen una oposición ideológica”, se diferenció ante LPO el senador Urtubey, en la mira desde que el proyecto comenzó a ser cuestionado por su hermano.

Miguel Pichetto había blanqueado la participación del salteño para evitar que la norma tenga “regímenes penales abiertos”, o sea, permita que un Gobierno la use para castigar a empresas no afines.

El proyecto obtuvo hoy dictamen junto a los otros dos enviados por el Gobierno con la premisa de defender al consumidor: los que crean un observatorio de precios y un servicio de conciliación previa de las relaciones del consumo. Sólo el último contó con el apoyo de la oposición.

Por el plenario de comisiones, presidido por el neuquino Marcelo Fuentes, desfilaron una treintena de asociaciones al consumidor y entre ellos el industrial Daniel Funes de la Rioja y el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quienes expresaron su tajante oposición a mayores controles de precios.

“Esto va a perjudicar severamente la inversión. Es inconstitucional, inconveniente e inoportuno”, cuestionó Funes de la Rioja. Dejó claro que la UIA acudirá a Tribunales, hipótesis que reforzó Gil Lavedra.

“Esto no cumple con el artículo 76 de la Constitución. Va a ser invalidado por los tribunales”, anticipó el ex diputado. Ambos previeron un derrotero parecido al de la fallida reforma judicial, frenada el año pasado por la justicia.

Más tarde, Héctor Méndez, secretario general de la UIA, confirmó que "si sale la ley, la junta directiva de la entidad deberá decidir que se hace, pero esta conducción estima que se presentará a la Justicia". 

Tal vez para evitar otro paso en falso, antes de finalizar el plenario, el secretario de Justicia Julián Álvarez sorprendió con una serie de cambios a las tres normas, pero sobre todo a la de abastecimiento, por lejos la más polémica. 

El más anunciado fue la exclusión expresa de las Pymes, exigida la semana pasada por Osvaldo Cornide de la Came. Aunque el texto final resulta inocuo, porque sólo las exime si es que no se las detecta en situación de “posición dominante”, según los términos de la ley de defensa de la competencia.

Delega la autoridad de aplicación en el Poder Ejecutivo y no exclusivamente en la Secretaría de Comercio, que de todos modos podría tenerla por orden presidencial. 

Para evitar sanciones arbitrarias, permite que el G0bierno intervenga "en el proceso económico” cuando se hayan incumplido algunos incumplimientos expresados en el artículo 4.

El principal es el de elevar “artificial o injustificadamente los precios en forma que “no responda proporcionalmente a los aumentos de costos, u obtuvieren ganancias abusivas”.

El radical Luis Naidenoff, titular de la Comisión de Derechos y Garantías, una de las que participó del plenario, recordó el riesgo de no determinar que son ganancias abusivas. “Ese término está contemplado en la Constitución”, aclaró Urtubey ante LPO. 

Otro cambio de Álvarez fue eliminar elimina como sanción la clausura definitiva. Además, para extender por 30 días la clausura preventiva será necesaria la autorización judicial. En caso de multas, las empresas podrán solicitar una reconsideración parcial o total.

Si las empresas deben continuar con su producción aún a pérdida, la unidad económica podrá pedir la recomposición económica.

También se incluyó una cláusula de confidencialidad que prohíbe a la Autoridad de Aplicación difundir información de costos de producción de las empresas. “Espero que ahora la UIA reconsidere su rechazo”, se esperanzó el secretario de Justicia.

El radical Gerardo Morales y el socialista Rubén Giustiniani firmaron la creación del tribunal de mediación y si bien agradecieron los cambios, reiteraron que no acompañarán.   

Otros cambios

Álvarez también cedió a cambios exigidos en los otros proyectos. El principal es el reconocimiento de la competencia provincial en la conciliación, salvo en lo que respecta a sanciones aplicadas por la secretaría de Comercio.

El domicilio del demandado será suficiente para entablar jurisdicción, suprimiendo el del consumidor.

El observatorio de precios ni fue considerado por la oposición por una sencilla razón: es la tarea que debe llevar a cabo el Indec. Sólo que dejó de ser creíble hace años.